Antes de la creación del Registro Civil en 1879, el control y registro de nacimientos, muertes y matrimonios estaba en manos exclusivas de la Iglesia Católica. A partir de ese año, el Estado comenzó a hacerse cargo de esa actividad y los trámites que se realizan en esas instancias pasaron a ser obligatorios. De esa manera, el Estado podía llevar un mejor control de la población y también reducir el papel de la Iglesia y, en parte, su poder político.